Lo que comenzó como una esperanza de libertad económica para los productores de la tierra colorada se ha transformado, apenas un año después, en una lucha descarnada por la supervivencia.
El sector yerbatero atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su historia tras la implementación del DNU 70/2023, que despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de su facultad histórica para fijar precios mínimos.
Durante la última campaña presidencial, el discurso de Javier Milei caló hondo en las colonias misioneras y correntinas. Los productores, asfixiados por la burocracia y la brecha cambiaria del gobierno anterior, vieron en las promesas de desregulación una salida hacia la prosperidad. Sin embargo, la realidad del libre mercado golpeó de forma asimétrica.
La eliminación de la potestad del INYM para regular el precio de la hoja verde dejó a los colonos a merced de los grandes molinos, rompiendo un mecanismo de protección que nació tras el histórico «tractorazo» de 2001.
Hoy, la sensación de abandono es palpable en las rutas y asambleas, donde el entusiasmo electoral mutó en decepción.
La crisis se traduce en una matemática que no cierra para el eslabón más débil de la cadena. Mientras el Gobierno nacional celebra una caída real en el precio de la yerba en góndola como un triunfo contra la inflación, ese ahorro para el consumidor sale directamente del bolsillo del productor primario.
Actualmente, los colonos denuncian que se les paga entre 180 y 285 pesos por kilo de hoja verde, cuando el costo de producción ya supera ampliamente los 400 pesos. En la otra punta, el paquete de kilo en el supermercado oscila entre los 4.000 y 5.500 pesos, lo que significa que el productor recibe apenas una fracción mínima del valor final, muy lejos del histórico 10% que permitía la subsistencia de las familias rurales.
Esta desregulación ha acelerado un proceso de concentración económica feroz. Mientras las pequeñas cooperativas y los secaderos del interior enfrentan el riesgo de cierre por falta de rentabilidad y plazos de pago que se estiran a 90 o 120 días, las marcas líderes refuerzan su dominio.
En el ranking actual de ventas, Playadito, de la Cooperativa Liebig, se mantiene en la cima tras haber superado los 56 millones de kilos vendidos, seguida de cerca por el Grupo Las Marías con sus marcas Taragüí y Unión, que manejan cerca de 49 millones de kilos. CBSé continúa liderando el segmento de yerbas compuestas, mientras que La Cachuera (Amanda) resiste en los primeros puestos.
El escenario para lo que queda de 2026 es de una «tierra arrasada» en términos sociales. Sin autoridades con facultades plenas en el INYM y sin control sobre las nuevas plantaciones, se teme una sobreproducción que desplome aún más los precios en el futuro cercano.
Para el pequeño colono de diez hectáreas, la libertad se ha traducido en la imposibilidad de mantener sus herramientas o pagar la zafra, mientras ve cómo las grandes industrias baten récords de exportación en un mercado que ya no tiene red de contención.