En una Argentina donde la industria tradicional se desmorona, la desesperación agudiza el ingenio. Mientras la Justicia decreta la quiebra del gigante SanCor y el gobierno de Javier Milei profundiza el desguace de organismos clave como el INTI, los productores de Catamarca buscan salidas extremas para no desaparecer.

El nuevo proyecto consiste en la comercialización de leche de burra, un producto que intentan posicionar como el «oro blanco» de la crisis, pero con un costo que refleja la cruda realidad inflacionaria: el medio litro se comercializaría a 14 mil pesos.

Tras el fallido y polémico intento oficial de impulsar la faena de burros para carne, el sector vira ahora hacia la ordeña. El argumento de venta es que se trata de una leche «muy parecida a la humana», ideal para sectores vulnerables con alergias alimentarias. Sin embargo, detrás de las bondades nutricionales se esconde una realidad alarmante.

Con un valor de 28 mil pesos el litro, el acceso a este alimento se vuelve un privilegio prohibitivo para la mayoría de las familias, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo aleja incluso la leche vacuna básica de las mesas argentinas.

La iniciativa surge en medio de la desolación para las economías regionales. El desplome de la industria nacional, acelerado por políticas que los productores tildan de «anti-industriales», ha dejado a los pequeños emprendedores a la deriva.

La leche de burra no aparece aquí como una elección sofisticada de mercado, sino como un síntoma de una economía que ya no puede garantizar el consumo masivo. Ante la falta de créditos y el cierre de usinas, la rusticidad del burro es la única opción de bajo costo operativo que sobrevive a la indiferencia estatal, aunque su precio final sea inalcanzable para el pueblo.

Mientras el Ejecutivo se enfoca en reformas electorales para debilitar a los partidos políticos y celebra el ajuste fiscal, los productores catamarqueños deben improvisar soluciones de subsistencia para un mercado interno pulverizado.

El éxito de esta precaria salida dependerá de que el propio Estado, hoy ocupado en desmantelar los controles de calidad y el apoyo técnico del INTI, no termine asfixiando este intento desesperado antes de que el primer envase llegue a la góndola.