El Gobierno nacional dispuso que todos los mayores de 18 años, que cumplan con los requisitos establecidos, podrán usar armas desde este miércoles.
El Gobierno de Javier Milei modificó la Ley N° 20.429 de armas y explosivos y redujo de 21 a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario de los mismos. La decisión se dio a conocer a través del Decreto N° 1.081/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia desde este miércoles.
Según justificó el Ejecutivo, la medida fue adoptada “a efectos de armonizar la legislación vigente” debido a que el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, establece en su Artículo N° 25 que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
En ese aspecto, se destacó que el inciso 1 del Artículo N° 55 de la reglamentación de la Ley N° 20.429, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975; todavía fijaba la edad de 21 años para adquirir la condición de legítimo usuario de armas y que por ello se resolvió la sustitución de ese apartado.
¿Cuáles son los requisitos para portar armas?
Pese a las modificaciones, el Ejecutivo mantuvo de la misma manera otros dos requisitos clave que deben cumplir quienes deseen portar armas legalmente:
- El primero es “no presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego”: en ese sentido, el texto aclara que “cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado médico”.
- El segundo es “acreditar ante la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos”: la dependencia, en este caso, “emitirá certificación al respecto así como de la no existencia de antecedentes policiales o penales e imprimirá un juego de fichas dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas”.
Según indicaron las autoridades nacionales, la nueva norma “reafirma la capacidad de los ciudadanos adultos para acceder, bajo estrictos requisitos legales, a la condición de legítimos usuarios de armas de uso civil”.
El comunicado con el que se dio a conocer la medida, finalmente, cierra que “la decisión fue adoptada tras el correspondiente asesoramiento jurídico y busca garantizar una aplicación uniforme de los derechos y responsabilidades establecidos en el marco de las leyes vigentes”.