Mientras el discurso oficial predica la austeridad y la desaparición de los beneficios estatales, la realidad golpea con un cinismo difícil de digerir para el ciudadano de a pie.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no solo intentó minimizar el escándalo de los préstamos hipotecarios millonarios otorgados a funcionarios de su propia gestión y legisladores aliados, sino que llegó al extremo de calificarlos como una maniobra «legal y moral», instando incluso al resto de la población a imitar una conducta que, para la mayoría, es hoy una fantasía inalcanzable.

Con una frase que suena a provocación, el titular de Hacienda llamó a los argentinos a «apurarse» a sacar créditos, omitiendo deliberadamente la barrera infranqueable que encuentran quienes no ostentan un cargo público de jerarquía.

Para un trabajador común, cuyo salario apenas empata o corre de atrás a la inflación, acceder a un crédito hipotecario en el Banco Nación o en cualquier entidad financiera es hoy una misión imposible.

Las exigencias de ingresos, la inestabilidad laboral y las tasas de interés terminan por sepultar cualquier sueño de vivienda propia antes de empezar el trámite. Peor aún es el panorama para los jubilados, quienes tras una vida de aportes se encuentran con haberes de miseria que no califican ni para los préstamos más básicos, mucho menos para montos que oscilan entre los 112 y los 420 millones de pesos, como los que recibieron con llamativa celeridad figuras del entorno presidencial y del Ministerio de Economía.

El contraste es obsceno. Nombres como los de Federico Furiase, Felipe Núñez o Juan Pedro Inchauspe figuran en una lista de beneficiarios que acumulan deudas por cifras astronómicas, supuestamente bajo la misma normativa que rige para todos.

Sin embargo, la Justicia ya investiga si existió tráfico de influencias, dado que la normativa del Banco Central exige evaluar una «capacidad de repago» que difícilmente pueda garantizar un funcionario cuya permanencia en el cargo está atada a la volatilidad de la política.

Resulta paradójico que un gobierno que llegó al poder prometiendo dinamitar la banca pública y eliminar los privilegios de «la casta» utilice ahora al Banco Nación como una ventanilla de facilidades exclusivas para sus propios cuadros técnicos y legisladores.

Este reparto de fondos entre los propios, bajo el amparo de una supuesta «oportunidad única» inducida por el propio ministro, deja al descubierto una doble vara ética insostenible.

Mientras el jubilado cuenta los centavos para llegar a fin de mes y el empleado registrado ve cómo el sueño de la casa propia se aleja cada vez más, los pasillos del poder se llenan de carpetas de crédito aprobadas a gran velocidad.

No se trata solo de una cuestión de legalidad, sino de la más básica sensibilidad social: decirle a un pueblo que sufre el ajuste que «vaya y saque un crédito» mientras los funcionarios se sirven primero es, como mínimo, una burla al esfuerzo de todos los argentinos.