En una charla exclusiva, el Dr. Damián Martínez, abogado Berissense especialista en Derecho del Trabajo, desarmó los puntos más críticos de la nueva normativa laboral, advirtiendo que lo que se presenta como una modernización es, en rigor, un andamiaje legal diseñado para licuar derechos adquiridos.
Para el especialista, la reforma incurre en una contradicción fundamental con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, lo que abre un escenario de litigiosidad sin precedentes.
Martínez comenzó analizando la implementación del Fondo de Cese Laboral, señalando que la «libertad de elección» que pregona el Gobierno es una falacia. Según el letrado, este sistema elimina la indemnización por antigüedad tal como la conocemos, transformándola en un seguro que el propio sistema o el trabajador financian anticipadamente. Esto quita el efecto disuasorio al despido: al empleador ya no le cuesta dinero extra desprenderse de un empleado, lo que fomenta la inestabilidad y rompe el principio de protección contra el despido arbitrario.
Al indagar sobre la figura del trabajador independiente con colaboradores, Martínez fue tajante al calificarla como la legalización del fraude laboral. Explicó que la promesa de fomentar emprendimientos esconde la posibilidad de que empresas medianas utilicen hasta tres «colaboradores» sin relación de dependencia, despojándolos de vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de seguridad social.
El abogado sostiene que esta categoría es incompatible con la Ley de Contrato de Trabajo, ya que en la práctica estos colaboradores suelen cumplir horarios y recibir órdenes, lo que constituye una relación de dependencia encubierta. Martínez asegura que la justicia laboral terminará invalidando estos contratos por el principio de primacía de la realidad, dejando a los empleadores expuestos a juicios millonarios por falta de registro, a pesar de lo que diga la nueva ley.
Otro de los ejes de la entrevista fue la extensión del período de prueba, que ahora puede alcanzar los seis meses o incluso un año en pequeñas empresas. El especialista desestimó el argumento de que esto favorezca la creación de empleo genuino, calificándolo como un régimen de «despido gratis» prolongado. Martínez señaló que esta medida solo promueve la rotación precaria de personal, donde los trabajadores son descartados antes de cumplir el plazo legal para no generar derechos indemnizatorios.
Ante esta situación, el abogado subrayó que la batalla final se librará en los tribunales, ya que la nueva ley vulnera el principio de progresividad, el cual impide que el Estado dicte normas que retrocedan en el nivel de protección de los trabajadores. Según su visión, la incompatibilidad con el bloque de constitucionalidad es tan manifiesta que la reforma nace herida de muerte frente a cualquier planteo judicial serio.