La comunidad de la zona de Ruta 11 y 96 manifestó en las últimas horas una profunda preocupación ante la crítica situación de una familia que se encuentra viviendo en la calle, en un contexto marcado por el consumo de sustancias y la vulneración de los derechos de menores de edad.

Según el relato de los vecinos, que ya han mantenido reuniones para abordar la problemática, los adultos a cargo utilizan a sus hijos —entre ellos un niño de apenas 5 años— para pedir dinero en los semáforos, exponiéndolos a largas jornadas bajo el sol y al peligro constante del tránsito vehicular.

Ante la gravedad del cuadro, intervino la ONG Madres Guerreras, cuyos integrantes ofrecieron a los padres una alternativa de internación para tratar sus adicciones. Si bien el hombre de la familia llegó a visitar el centro de asistencia y mostró una aceptación inicial, la propuesta fue finalmente descartada tras dos días de espera sin respuestas.

Según constataron los residentes del lugar, la familia retomó la misma dinámica de vida, lo que derivó en la presentación de una denuncia formal para proteger la integridad física y psíquica de los niños.

La indignación vecinal creció ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. A pesar de haber solicitado ayuda a través de un foro de seguridad en el que participan concejales locales, los denunciantes aseguraron que ningún funcionario tomó intervención efectiva en el caso.

Asimismo, desde la ONG señalaron que, al acudir al área de Niñez para exponer el riesgo que corren los menores, la respuesta oficial fue que el organismo no contaba con vehículos disponibles, postergando la asistencia para días posteriores.

La situación actual en el cruce de las rutas mencionadas sigue siendo alarmante. Los vecinos describieron escenas desgarradoras que incluyen al niño de 5 años llorando en brazos de su madre mientras ella solicita dinero, y a un adolescente de 14 años junto a su padre realizando la misma actividad en la esquina opuesta.

Ante lo que califican como una «vergüenza institucional», la comunidad exige una intervención inmediata de los organismos de protección para retirar a los menores de la situación de calle y brindarles la asistencia necesaria.