La ciudad de La Plata se ve sacudida por la persistente lucha de Sara Elizabeth Casas, madre de Killian Natanael Omar Faruolo Casas, el niño de 3 años que murió ahogado el 26 de febrero de 2023 en una quinta de Los Hornos.

El hecho ocurrió en la calle 153 entre 68 y 69, donde el menor se encontraba al cuidado de su abuela, única imputada hasta el momento por «homicidio culposo».Sin embargo, la madre, con el patrocinio del Dr. Ignacio Fernández Camillo, ha presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones denunciando graves vicios procesales y la omisión de pruebas fundamentales que obran en la causa.

El centro del reclamo es una prueba videográfica que, según la denunciante, demuestra de manera explícita la responsabilidad de otros adultos presentes en el lugar. Casas detalla en su queja que, según los registros de las cámaras de seguridad, Killian ingresó a la pileta a las 18:23:38 bajo la supervisión de su tío y otro hombre. La madre sostiene que ambos adultos autorizaron el ingreso del niño y permanecieron a escasa distancia mientras el pequeño luchaba por su vida sin intervenir, hasta que fue retirado del agua pasadas las 18:30 horas.

Ante esta evidencia, la familia solicita la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y exige un cambio de calificación legal a «homicidio con dolo eventual en concurso ideal con abandono de persona calificado». El pedido incluye la imputación inmediata del tío y del tercer hombre presente, alegando que la fiscalía ha ignorado sistemáticamente el contenido del video.

En sus escritos, la madre acusa al sistema judicial de actuar de forma «patriarcal y machista» al intentar desviar la atención únicamente hacia la abuela, ignorando a los hombres que tenían el control de la situación.

Pero la situación se agrava con denuncias por «retardo y denegación de justicia» contra los titulares del Juzgado de Garantías N° 6 y la Fiscalía General de La Plata, encabezada por Héctor Vogliolo.

Casas afirma que los funcionarios jamás valoraron los videos y que incluso se ha iniciado una queja disciplinaria contra su abogado en lo que interpreta como un intento de desviar la atención de su propia inacción. Además, la madre vincula el trágico desenlace con un contexto de violencia de género previa por parte de la familia paterna, señalando amenazas de muerte recibidas una semana antes del suceso.

Ante la falta de respuestas en la justicia local, se ha formulado reserva de «caso federal» y se solicita que la causa sea trasladada a otro departamento judicial para garantizar la imparcialidad.