En una jugada política que levanta serios interrogantes sobre la transparencia y la institucionalidad en Berisso, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) convalidó la designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1. La votación, que superó los dos tercios necesarios, no solo evidencia una alineación llamativa de fuerzas dispares, sino que consolida la imagen de un oficialismo dispuesto a tejer acuerdos opacos a espaldas de los vecinos.

La abogada platense, de extracción radical y con vínculos conocidos con el intendente peronista Fabián Cagliardi y su denominado «círculo Rojo», ocupará el cargo vacante (expediente 4012-6765-2025, de fecha 24 de septiembre) a pesar de su escasa experiencia en el ámbito legislativo y municipal y la falta de arraigo en la política local. Este perfil, más cercano a los acuerdos de cúpula que a un concurso de méritos, ya había generado inquietudes previas.

El aspecto más cuestionable de esta designación radica en el amplio respaldo político que obtuvo. El bloque oficialista logró sumar a la mayoría de los ediles que responden al espacio de La Libertad Avanza, incluyendo a figuras como Darío Luna (hoy cercano al libertarismo), la concejal Aguilera, Marc Llanos (PRO-aliado mileísta), y los concejales Daniel del Curto y Moracci (Libertarios disidentes), junto a Maximiliano Fernández, hoy, otro aparente aliado libertario.

Esta sorpresiva armonía entre el peronismo gobernante y la oposición libertaria -que se autoproclama paladín del cambio y la transparencia- se logró, según los pasillos, tras «numerosas y sospechosas reuniones privadas» dentro y fuera del municipio. La aparente negociación de cargos o prebendas a cambio de votos para una postulante ajena a su ideología y origen político, mancilla el proceso y siembra la duda sobre qué se entregó a cambio de este apoyo incondicional.

Frente al pacto de la mayoría, solo tres ediles levantaron la bandera de la institucionalidad: Matías Nanni y Patricio Yalet, ambos de extracción Radical, y la Dra. Gimena Carabajal del vecinalismo AMUBE. Estos concejales no solo votaron en contra de la designación, sino que propusieron una alternativa fundamental: la creación de un Consejo Municipal de la Magistratura.

Este proyecto buscaba establecer un mecanismo más rígido, público y reglado, a través de concursos abiertos, para la selección de autoridades judiciales, poniendo fin a las designaciones «a dedo». La necesidad de dotar al municipio de normas que garanticen profesionalismo e institucionalidad ante decisiones discrecionales queda evidenciada por este episodio, que expone la debilidad de los mecanismos vigentes, donde el Ejecutivo parece poder decidir sin control efectivo.

La designación de Lamoglie, una profesional sin raíces directas en la política local y con escasa experiencia municipal, pero con una clara afinidad de cúpula, se convierte en un costo político inmediato para el oficialismo y sus «nuevos» aliados. El apuro en cubrir el Juzgado de Faltas N°1 con este perfil, en lugar de apostar por un proceso transparente y competitivo, refuerza la percepción de un desorden y un desgaste institucional que distrae de los problemas concretos de Berisso.

La polémica en torno a la llegada de María Azul Lamoglie al Juzgado de Faltas N°1 de Berisso, a pesar de su currículum y el apoyo político, ha reavivado el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de designación de funcionarios judiciales en el ámbito municipal.