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En una jugada audaz que tensa la cuerda política con el Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berisso acaba de presentar un Proyecto de Ordenanza que busca ponerle candado a cualquier intento de nombramiento a dedo del futuro Juez/a de Faltas del municipio.

El proyecto, impulsado por el Bloque Juntos (integrado por la Dra. Gimena Carvajal, el Dr. Matías Nanni y Patricio Yalet), es un tiro por elevación contra la presunta intención del intendente y su sector de designar directamente a una persona de su círculo íntimo.

El ‘Antídoto’ contra el Dedo: El Consejo de la Magistratura

La clave del proyecto es la creación del Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (C.M.M.B.), un nuevo organismo que, en la práctica, le quita al Ejecutivo el control exclusivo sobre el proceso.

El C.M.M.B. se encargará de llamar a un concurso público de antecedentes y oposición, con reglas claras y transparentes para garantizar que solo el profesional más idóneo llegue al cargo.

¿Quiénes integran este Consejo?

Una vez que este Consejo evalúe a los candidatos con exámenes, entrevistas y análisis de antecedentes, elaborará una terna final que el HCD deberá validar. Esto obliga al intendente a elegir forzosamente a uno de los tres mejores, blindando la designación de favoritismos políticos.

Requisitos Duros para los Postulantes

El proyecto no deja margen para improvisados. El futuro Juez/a de Faltas debe ser Abogado/a y cumplir requisitos muy específicos:

El proceso de inscripción solo dura 15 días hábiles tras el llamado a concurso. Además, hay un plazo fatal: si los postulantes no presentan sus certificados clave (penales, ejercicio y deudas alimentarias) cinco días hábiles antes del concurso, quedan automáticamente afuera.

En un contexto donde la Justicia de Faltas es vital para la aplicación de multas y normas municipales, este proyecto de ordenanza se consolida como un desafío directo de la oposición para garantizar que la idoneidad profesional pese más que la lealtad partidaria en la próxima designación. La pregunta que flota en el aire es: ¿aceptará el oficialismo este «corset» legal o intentará vetar la ordenanza?