En una movida que redefine los límites del ajuste fiscal, el Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan. La decisión, tomada al filo del plazo legal, no solo niega un salvavidas a uno de los centros de salud infantil más emblemáticos del país, sino que también solidifica la postura del presidente, quien prioriza el «equilibrio fiscal» por encima de la salud de los más vulnerables.

La medida, que lleva la firma del presidente y todo su gabinete, se suma al reciente rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas decisiones, publicadas sin reparos en el Boletín Oficial, se escudan bajo el mismo argumento: evitar un «aumento desmedido e irresponsable del gasto público».

Pero la realidad para miles de familias es mucho más cruda. El veto deja al Garrahan en una situación precaria, negando un financiamiento de $115.030.000.000 que podría haber aliviado la crisis de un sistema de salud ya sobrecargado. La justificación del gobierno, que asegura que el gasto desfinanciaría otros programas sanitarios vitales como el calendario de vacunas, no logra mitigar la indignación de los profesionales de la salud y la sociedad civil.

Un ajuste con consecuencias inhumanas

La decisión del gobierno se produce en un momento de alta tensión política, luego de una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires que puso en jaque la estrategia oficialista. A la par del veto, la Casa Rosada mantiene en vilo a los gobernadores al postergar la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta incertidumbre, sumada al veto al Garrahan, genera una creciente preocupación en las provincias, que ven cómo el gobierno central concentra el poder y asfixia financieramente a las administraciones locales.

El veto a la emergencia pediátrica es más que una simple medida económica; es una declaración de principios. Mientras la salud pública, la educación y otros pilares fundamentales del bienestar social sufren los recortes, la administración de Milei parece seguir un camino sin retorno, donde el sacrificio fiscal justifica cualquier medida, incluso aquellas que ponen en riesgo la vida y el futuro de los niños. El lema de la campaña libertaria fue la libertad, pero para miles de familias en crisis, las políticas actuales parecen significar lo contrario: la congelación de la esperanza.