La investigación se abrió por la presentación realizada por el director de la Unidad de Gestión de PAMI La Plata, Rodrigo Vallejos, tras una auditoría.
Mientras la justicia Federal avanza en su investigación desde PAMI La Plata rescindieron contratos con dos clínicas Ensenada y Berisso que fueron denunciadas por graves delitos, tal como este medio viene informando en ediciones anteriores. Las cartas de rescisión se enviaron hace una semana y el proceso llevará 30 días.
Se trata de la denuncia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados contra dos clínicas de la región por emitir órdenes médicas electrónicas (OME) fraudulentas a nombres de afiliados que no las solicitaron, para estafar al Estado en unos $325 millones.
En ese marco el titular de la Unidad de Gestión de PAMI La Plata, Rodrigo Vallejos, rescindió los contratos de prestación con Clínica de la Comunidad, de la localidad de Ensenada, y con el Instituto Médico Argentina (IMA) de Berisso, quienes en breve ya no podrán prestar servicios a la obra social de los jubilados y pensionados.
Fuentes del caso confirmaron a 0221 que siguen apareciendo casos de personas que figuran como receptoras de prestaciones médicas por parte de PAMI cuando en realidad nunca las solicitaron. “Los nuevos casos serán aportados a la brevedad ante la justicia”, detallaron las fuentes consultadas.
Además, un grupo conformado por auditor, abogado y trabajadora social, se acercó hasta la Clínica de la Comunidad, para hacer un relevamiento de pacientes, pero no pudieron ingresar. “Le negaron el ingreso a la clínica y esto generó una nueva presentación judicial”, detallaron desde la obra social PAMI.
En otro orden, desde el Juzgado Federal de La Plata, donde tramita la causa principal, solicitaron a PAMI local que aporte una serie de documentación administrativa que ya fue sumada a la investigación en curso.
La presentación de PAMI La Plata
Tal como informó este medio ya declararon varios testigos citados por la fiscal María Laura Roteta, entre ellos, funcionarios, médicos y empleados. El objetivo principal de la declaración de testigos es obtener información veraz y fidedigna que contribuya al desarrollo de la investigación y al proceso judicial en curso.
La denuncia en el caso 197669/2024 fue formulada por Javier M. Arzubi Calvo, en su carácter de Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), luego de la presentación realizada por el director del PAMI platense, el mencionado Rodrigo Vallejos, tras una auditoría prestacional.
En el expediente FLP 24888/2024 interviene el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.
¿Qué dice la denuncia?
En el documento judicial al que accedió 0221.com.ar se acusa a propietarios, directivos y personal médico de diferentes centros de salud de la provincia de Buenos Aires de fraude en perjuicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Se señala a los implicados de generar, aceptar, transmitir y facturar órdenes médicas electrónicas (OME) por servicios que nunca fueron realizados, lo que habría causado un perjuicio económico al INSSJP. La denuncia se basa en denuncias de afiliados, informes de auditorías y registros del sistema de OME del INSSJP.
¿Quiénes son los acusados?
En la mira de los denunciantes aparece el médico Juan Manuel De Rosa a quien señalan como el titular de la Clínica de la Comunidad y estar vinculado a otra clínica en Berisso.
Además de las dos clínicas, en la línea de fuego aparecen la Agremiación Médica de Berisso, médicos y empleados administrativos de las ambas clínicas.
La maniobra que investiga la justicia
“El fraude fue descubierto cuando un afiliado de PAMI fue rechazado bajo el pretexto de que ya se había realizado el procedimiento previamente”, apuntaron las autoridades del organismo a través de un duro comunicado y agregaron que “al investigar se determinó que sus datos personales habían sido robados y utilizados de manera indebida por personal de la clínica”.
Las autoridades locales del organismo explicaron que “la gran cantidad de órdenes médicas emitidas habría generado un potencial fraude estimado en $325 millones”.
Según consta en la denuncia, las clínicas habrían emitido una serie de órdenes falsas que el PAMI pagó en tiempo y forma. Se trata, según lo informado, de “unas 21 mil cápitas que fueron trasladadas al Instituto Médico Platense y al Instituto del Diagnóstico Médico con el objetivo de garantizar la continuidad en la atención de los afiliados”.